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"De la detención a la prisión. La justicia penal a examen" es un libro editado por la Profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa, y publicado por el CIDE, en el que se exploran los problemas de las instituciones penales e invita a la reflexión sobre las necesidades, posibilidades y retos surgidos a partir de las reformas constitucionales del 2008.

Introducción

En 2008, a dos años de iniciado el gobierno de Felipe Calderón, el Congreso Federal mexicano aprobó una de las más importantes reformas en materia de seguridad. Dicha reforma fue el resultado de una negociación política dura que dio lugar a una propuesta híbrida, con dos partes medula- res que respondían a lógicas diferentes y contradictorias. Por una parte, la reforma, con espíritu garantista, propuso la implementación de un sistema penal adversarial, que contemplaba juicios públicos orales y la expansión de derechos de debido proceso para los acusados y las víctimas. Así, por ejemplo, se incluyó la —expresa— presunción de inocencia para acusados y el reconocimiento de la participación de las víctimas en el proceso penal. Por otra, la reforma incorporó un régimen penal de excepción para hacer frente a la delincuencia organizada (en ese entonces justificada principalmente como necesaria para hacer frente al "narcotráfico", esto es, para perseguir los delitos "contra la salud" o de drogas). Bajo dicho régimen se incluyó la reducción de derechos procesales para las personas acusadas de delincuencia organizada y la ampliación de facultades (y discrecionalidad) para diversas autoridades penales. De esta forma, se reformó la Constitución para adoptar la figura del arraigo hasta por 80 días sin necesidad de hacer una acusación, la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, la limitación del derecho a compurgar la pena cerca del domicilio a personas acusadas de delincuencia organizada, entre otras; a la vez que se definió la delincuencia organizada de forma que casi cualquier delito cabía en el régimen de excepción.1 En otras palabras, mientras que una parte de la reforma hacía el procedimiento más abierto y transparente, la otra parte lo hacía más cerrado y opaco.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 16: "Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia". Uno de los principales problemas que presentó —y continúa presentando— la reforma penal es que mientras que la parte que buscaba fortalecer los derechos de los procesados y de las víctimas se haría efectiva sólo en 2016, la parte de la reforma que creaba el régimen de excepción se hizo efectiva en 2008, inmediatamente después de la publicación de la reforma. El resultado es que, en la consecuente tensión entre las lógicas contra- puestas, la parte discrecional de la reforma ha ido ganando terreno en la normatividad secundaria derivada de la reforma, así como en la práctica —como se demuestra en estas páginas—, con las dificultades que ello vaya a generar. Para 2016, las instituciones policiales, ministeriales, judiciales y penitenciarias federales del país llevarán ocho años funcionando con un régimen normativo que les otorga amplias facultades y discrecionalidad —en el espíritu de facilitar la captura y el procesamiento de presuntos delincuentes—. En 2016, las mismas autoridades tendrán que dar cabida a la parte garantista de la reforma, que hoy está en marcha sólo en algunos estados del país. Estas autoridades habrán operado bajo el régimen previo, exacerbado por las prácticas que se han gestado y consolidado a partir de la creación del régimen de excepción.

Este libro busca mostrar cómo operaban algunas de las instituciones encargadas de prevenir, perseguir y castigar el delito a cuatro años de la implementación de la reforma, así como mostrar algunos aspectos clave del sistema penal. El objetivo es pensar en los obstáculos que tendremos que afrontar en 2016, cuando la reforma penal entre en pleno vigor. Los capítulos de este libro abordan temas que van desde el aumento de la tortura y los factores que la determinan, los elementos que determinan la severidad de las sentencias en el sistema federal, el consumo de drogas y su relación con la comisión de delitos y las formas de garantizar la integridad física de las personas internas en los centros de readaptación social.

Los estudios que forman parte de este libro analizan interdisciplinaria- mente las instituciones penales desde una óptica muy específica: la percepción que de ellas tienen los internos e internas sentenciados a nivel federal. Cada estudio hace uso de los datos arrojados por la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La encuesta del CIDE se realizó en 2012 en ocho Centros Federales de Readaptación Social. Cinco de los ocho centros (Morelos, Laguna del Toro, Aserradero, Buganvilias y Rehilete) se ubican en el Complejo Penitenciario Islas Marías, en el estado de Nayarit. Los otros tres centros encuestados, fueron el Cefereso 1, Altiplano, en el Estado de México; el Cefereso 2, Occidente, en el estado de Jalisco, y el Cefereso 8, Norponiente, en el estado de Sinaloa. Para el estudio se encuestó a 821 internos sentenciados (de una población total de 8 089 internos sentenciados); 726 de los encuestados fueron hombres y 95 mujeres. La encuesta no tomó en cuenta a la población procesada. La encuesta tenía varios objetivos: por una parte buscaba conocer las características sociodemográficas de la población interna así como realizar una análisis de las conductas delictivas por las cuales habían sido sentenciados los encuestados. Por otra, quería evaluar las condiciones de vida en la prisión y conocer la percepción de los internos sobre el cumplimiento de las normas del debido proceso y sobre el desempeño general de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. En otras palabras, la encuesta buscaba recabar información sobre el funciona- miento del sistema penal desde la detención hasta el recibimiento de una sentencia y posterior compurgación de la pena. Resulta por lo tanto una herramienta útil para estudiar diversos aspectos del sistema penal mexicano.

A pesar de ello, la encuesta presenta algunas limitantes que deben tomarse en cuenta al leer este libro. Por una parte, las respuestas son dadas por los internos, es decir que los internos auto-reportan acerca de sus procesos penales y condiciones de vida en los centros de readaptación. Podría ser el caso que algunos internos sobre-reporten incidentes de violaciones de debido proceso, pero también que otros sub-reporten los mismos por miedo a represalias. El segundo problema tiene que ver con el elevado índice de impunidad en México, que implica que muchos de los delitos que se cometen no son procesados en el sistema de justicia penal y por lo tanto no son captados por un instrumento de este tipo. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, este tipo de ejercicios son comunes en otros países, ya que aportan información importante para la evaluación de los sistemas penales (véase por ejemplo National Inmate Survey o Survey of Inmates in State Correctional Facilities).

El texto de Ana Laura Magaloni Kerpel, "La arbitrariedad como método de trabajo: La persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón", analiza la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón enfocándose en el proceso de detención e interrogación policial. Su trabajo muestra empíricamente que la coacción y la tortura por parte de policías y militares aumentó de forma importante durante la administración de Calderón y que además se centró principalmente en delitos —menores— contra la salud. El texto confirma la hipótesis de que la reforma penal generó instituciones policiales —y mili- tares— más violentas y arbitrarias.

El texto de Aldo F. Ponce, "Satisfacción judicial, procedimientos judiciales y delitos contra la salud: Evidencia de los Centros Federales de Re- adaptación Social mexicanos", por su parte, analiza la percepción de justicia entre los internos de los centros de reclusión federales, específica- mente sobre el funcionamiento de las cortes federales mexicanas; asimismo, analiza los factores que determinan dicha percepción. Su trabajo muestra que los hallazgos que se han hecho en otros países sobre los determinantes de la percepción de justicia son también válidos en México: una percepción más favorable del juez, mejor comunicación durante los juicios y juicios más cortos están asociados con una percepción más favorable sobre la justicia del sistema y de sus procedimientos. El estudio además muestra que las personas sentenciadas por posesión simple de drogas y delincuencia organizada tienen una evaluación menos positiva de la justicia penal. Este trabajo aporta importantes insumos para formular políticas públicas que contribuyan a la construcción de la legitimidad del sistema penal mexicano y sus instituciones.

El texto de Rodrigo Meneses y Catalina Pérez Correa, "Mujeres y drogas: Cómo sentencian los jueces federales a hombres y mujeres acusados de delitos contra la salud", busca explorar si la población acusada por la comisión de un delito contra la salud es castigada de manera más severa que el resto y si existen diferencias en relación con el género o con las modalidades delictivas de los procesados. El texto encuentra que, a pesar de la desproporción de casos de delitos de drogas entre la población femenina y a diferencia de otras conductas delictivas en las que se sanciona con más rigor la participación de mujeres, en el caso de los delitos contra la salud no se presenta una tendencia a castigar más severamente a las mujeres. El estudio en cambio sugiere que los hombres tienden a ser juzgados de manera mucho más dura que las mujeres cuando se involucran en la comisión de un delito contra la salud.

El texto de Laura Helena Atuesta Becerra, "¿Cuál es el impacto del con- sumo de drogas ilícitas en la probabilidad de ser sentenciado por un delito contra la salud?" busca estimar, econométricamente, el efecto del uso de drogas en la probabilidad de que un individuo haya sido sentenciado por haber cometido un delito contra la salud y que si así fue, que este delito haya estado relacionado con producción, tráfico y venta de drogas ilícitas o con posesión y consumo personal. El estudio sugiere que el consumo (con- sumo seis horas antes del delito y frecuencia del consumo) de drogas ilícitas ayuda a explicar la probabilidad de haber sido sentenciado por un delito contra la salud, mientras que el consumo de alcohol incrementa la probabilidad de sentencia por un delito no relacionado con drogas ilícitas (homicidios, secuestros, delitos de armas y tráfico de personas, entre otros).

Por último, el texto de Catalina Pérez Correa y Aldo F. Ponce, "Garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad: Derechos de los internos y sobrepoblación carcelaria", estudia el tema penitenciario en el sistema federal. En el estudio, se analiza el efecto de la sobrepoblación carcelaria sobre las condiciones de violación del derecho a la dignidad, integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad. El estudio muestra que a mayor sobrepoblación carcelaria (en términos absolutos y relativos), aumenta el número de golpes y otros maltratos como insultos, humillaciones o amenazas que reportan los internos en las instituciones penitenciarias. En este sentido, no sólo contribuye a comprender mejor la relación entre la sobrepoblación carcelaria, las condiciones de seguridad al interior de las cárceles y el respeto a la integridad física y psicológica de los internos, sino que aporta información útil para una política penitenciaria respetuosa de los derechos fundamentales.

En conjunto, el libro muestra que al término de la administración de Felipe Calderón y tras cuatro años de la reforma penal el país contaba con instituciones penales más arbitrarias, que no sólo contribuían a deslegitimar el sistema sino también abonaban a una serie de violaciones procesa- les para las personas capturadas por el sistema. Los textos además exhiben la centralidad que tienen los delitos de drogas —en la legislación mexicana establecidos como "delitos contra la salud"— para las instituciones penales y aporta fundamentos para repensar la actual política de drogas. El libro, por último, muestra las prácticas arraigadas de las instituciones de justicia penal. Más que un análisis sobre el pasado, el libro busca ser un insumo para la evaluación y el replanteamiento del sistema penal mexicano. Los trabajos aportan elementos clave para los interesados en mejorar la legitimidad del sistema penal, el apego a la legalidad de los agentes de seguridad o la integridad física de los internos. Los trabajos aquí presentados permiten, además, prever las dificultades que encontraremos al implementar la parte garantista de la reforma penal de 2008 en el año 2016.

Índice

Prólogo. México 2006-2012: Una revisión de la violencia y el sistema de justicia penal
Catalina Pérez Correa

Introducción
Catalina Pérez Correa

I. La arbitrariedad como método de trabajo: La persecución criminal durante la administración de Felipe Calderón
Ana Laura Magaloni Kerpel

II. Satisfacción judicial, procedimientos judiciales y delitos contra la salud: Evidencia de los Centros Federales de Readaptación Social mexicanos
Aldo F. Ponce

III. Mujeres y drogas: Cómo sentencian los jueces federales a hombres y mujeres acusados de delitos contra la salud
Rodrigo Meneses y Catalina Pérez Correa

IV. ¿Cuál es el impacto del consumo de drogas ilícitas en la probabilidad de ser sentenciado por un delito contra la salud?
Laura Helena Atuesta Becerra

V. Garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad: Derechos de los internos y sobrepoblación carcelaria
Catalina Pérez Correa y Aldo F. Ponce